La lucha por la autonomía de nuestros cuerpos es de las más antiguas. Hoy estamos viviendo una nueva ola del movimiento feminista y de mujeres organizadas que se levantó en 2018 con la Marea Verde en Argentina y ha inundado toda América Latina. En México hemos logrado avances importantes durante estos últimos años, pero aún nos falta mucho.
Nuestro contexto no es de los más restrictivos del mundo, en todo el país el aborto es legal por violación y tenemos un sistema de causales bajo las que se puede acceder a la interrupción del embarazo en casos como riesgo de vida/salud o malformaciones en el producto, entre otros. En 2007 se logró la despenalización y legalización en Ciudad de México. En 2018 Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en reconocer este derecho y durante 2021 se unieron Hidalgo y Veracruz.
La ciencia y los 14 años de experiencia en la capital confirman que el aborto es un procedimiento sencillo y seguro (si se realiza bajo las condiciones adecuadas), que puede disminuir a cero las muertes por abortos inseguros y que no causa ninguna consecuencia negativa para la salud física o mental. A pesar de esto, todavía nos enfrentamos a un discurso de odio, basado en creencias y mitos machistas, que impone, juzga y criminaliza a quienes quieren y/o deciden interrumpir un embarazo no deseado.
Por eso desde Elige Red trabajamos por la despenalización social del aborto, con esto nos referimos a quitar de la sociedad todos esos jucios y estigmas que son un obstacúlo para el derecho a decidir. Lo primero es reivindicar que no se trata de un debate, porque nuestros derechos no están a discusión, sobre estar a favor o en contra de la vida. Estar a favor del aborto es estar a favor de la vida, los derechos y la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar[1]. La concepción sobre qué se considera vida es personal y no puede imponerse la misma a todas las personas.
A la par de la incidencia en los marcos legales, el movimiento por el derecho a decidir ha colocado en la conversación pública los argumentos médicos y de derechos humanos que lo respaldan. El ejemplo más reciente de lo que se ha logrado con la despenalización social son las discusiones históricas que se dieron durante este septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre tres temas muy importantes a partir de acciones de inconstitucionalidad[2]: despenalización, protección a la vida desde la concepción y objeción de conciencia.
Todas las resoluciones fueron a favor del derecho a decidir. Se dejó claro que el aborto no va dentro de un código penal porque no es un delito y criminalizar, castigar de forma penal, a mujeres y personas con capacidad de gestar atenta contra sus derechos humanos; que el producto de la concepción no puede ser considerado como una persona, mucho menos si esto se hace solo para vulnerar la autonomía de quienes sí son sujetas de derechos; y que la libertad de conciencia no puede nunca ser utilizada para negar el acceso a la salud, el cual debe ser garantizado siempre.
A partir de la despenalización en CDMX, los grupos anti derechos se movilizaron para incluir en constituciones locales el «derecho a la vida desde la concepción” y lo establecieron en 20 estados. Desde 2011, la SCJN ya había establecido que estos artículos no impedían la aplicación de causales y la despenalización. En la última discusión se retomó uno de los precedentes más importantes en el tema, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica publicada en 2012.
La CIDH resolvió que el producto de la concepción no es una persona y por lo tanto no le aplica el derecho a la vida. Para llegar a esta conclusión, se argumentó que no hay un acuerdo en la controversia sobre el inicio de la vida humana, pues se valora de distinta forma desde diferentes creencias biológicas, médicas, éticas, morales, filosóficas y religiosas y por lo tanto aquellas que consideran el inicio de la vida desde la concepción no pueden ser impuestas a todas las personas que no las comparten.
La SCJN retomó este precedente y determinó que se es persona hasta el momento de nacer y considerar lo contrario no protege a nadie, más bien intenta limitar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar; y si se va a considerar la protección a la vida, debe ser en otro sentido, enfocada en los embarazos deseados, la atención médica adecuada para partos seguros y reducir las tasas de muerte materna.
Celebramos que en la SCJN se habló desde la perspectiva de derechos humanos, el respeto al Estado Laico y el reconocimiento de la diversidad. Aunque sin duda reconocemos el trabajo de las y los ministros, verles utilizar estos argumentos se logró gracias a todos estos años de lucha, a cada marcha, cada intervención y pañuelo verde que hemos visto por las calles. A las que trabajan en sus territorios, desde la política y sociedad civil, a las que acompañan y salvan la vida de otras. Fue un logro de todas.
Luchar por el aborto legal no significa obligar a nadie a abortar, es crear todas las condiciones necesarias para que quienes enfrenten un embarazo no deseado puedan decidir qué quieren hacer, sea o no interrumpirlo. La penalización del aborto, en cambio, sí obliga a las mujeres y personas con capacidad de gestar a maternidades no deseadas, poner en riesgo su salud, vida o perder la libertad.
Abortar es un acto de amor, de autocuidado. Es ser responsable. Es elegir lo mejor para nosotras. Abortar es el derecho a decidir con autonomía y libertad sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. Las colectivas y redes de acompañamiento han logrado revertir que clandestino sea sinónimo de inseguro[3], pero no debemos olvidar que es responsabilidad y obligación del Estado garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. La criminalización penal y social debe acabar. Vamos por los 28 estados que faltan, la lucha sigue y no parará hasta lograr #AbortoLegalParaTodoMéxico.
- Hablamos de mujeres y personas con capacidad de gestar porque reconocemos que no solo las mujeres abortan, también lo hacen hombres trans, personas no binarias y otras entidades que tienen los mismos derechos. ↑
- Una acción de inconstitucionalidad es un mecanismo legal para revisar las leyes o normas que sean contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La pueden interponer legisladores, partidos políticos, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros organismos de protección a los derechos humanos, y el Ejecutivo. La SCJN, al ser la autoridad máxima de justicia, se encarga de revisarla y proponer una solución a la controversia. ↑
- En todo el país hay colectivas y redes de acompañamiento que apoyan a quienes quieren abortar con información y siguiendo las medidas adecuadas del procedimiento para hacerlo de forma segura, aunque sea en un estado donde no está despenalizado
*Consulta más información en nuestro micrositio abortaresmiderecho.org
