Por: Aranxa Lugo
Oficial de Comunicación
Aunque aún no empiezan formalmente las campañas electorales, ya estamos en esos tiempos donde los postes, bardas y calles se llenan de basura con las caras y promesas de las personas que buscan ganar un cargo en las elecciones de 2024; en este contexto, donde se acerca el momento de decidir quiénes serán nuestros próximos representantes, nos parece muy importante estar atentas a un tema que cruza muchos otros en nuestras vidas: la militarización.
La militarización es el proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas, en el caso de México compuestas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, adquieren más poder que las instituciones civiles y se encargan de sus funciones traspasando los límites de la defensa nacional (el objetivo que desde el Estado justifica su existencia). Utilizar la fuerza militar en lo civil tiene consecuencias graves, pues están formadas para operar bajo una lógica de guerra, donde los derechos humanos no son una prioridad[1].
Suele pensarse que la militarización comenzó en 2006 con la “guerra contra el narcotráfico”, pero este proceso en realidad no es reciente, la conformación del México independiente se dio de la mano de los militares y desde entonces han sido una institución que concentra y sirve al poder, la diferencia a partir del sexenio de Felipe Calderón y su “estrategia” es que sus recursos y presencia han aumentado drásticamente, gracias también a la continuidad que le dieron los dos presidentes sucesores a pesar de ser de partidos políticos diferentes.
Este gobierno, aunque se autodenomina de “cambio” y de “izquierda”, es el que más poder le ha dado a las Fuerzas Armadas hasta el punto de ir en contra de lo establecido en la Constitución para legitimar sus actos. Sus prioridades pueden entenderse de forma muy clara en un dato publicado por Intersecta: durante 2021, solo la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tuvo más presupuesto que todo el Instituto Nacional de las Mujeres y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva[2]. En términos de presupuesto, los uniformes de los militares valen más que los derechos de las mujeres.
Esta desigualdad en la gestión de los recursos públicos es solo uno de los muchos ejemplos sobre cómo impacta la militarización en nuestras vidas y porqué es importante ser críticas desde los feminismos. La violencia contra las mujeres y otras poblaciones vulnerables no es aislada y no puede entenderse sin mirar las consecuencias de la militarización.
En el informe Las dos guerras, elaborado por Intersecta en 2020, se analiza la relación de la militarización con el aumento de las muertes violentas de mujeres que han crecido hasta llegar a la terrible cifra de 10 mujeres asesinadas al día. Se habla de dos guerras porque a la guerra que enfrentan contra el machismo se sumó la guerra contra las drogas.
Los resultados de este análisis visibilizan que a partir de 2007 hay un gran aumento de homicidios tanto en hombres como en mujeres, después de décadas en las que la tendencia era a la baja. Al desagregar los datos, Intersecta encontró que de 2007 a 2018 la tasa de homicidios de mujeres subió un 170%; en este sentido, “lo que se ha desatado en el nombre de la ‘Guerra contra las drogas’ también las ha afectado. Ha puesto sus vidas en riesgo. Ha afectado incluso el tipo de violencia a la que hoy están más expuestas: violencia que ya no es solo la que ocurre en casa, sino la que ocurre en la calle y es perpetrada con un arma de fuego.”[3]
No solo ha aumentado el número de mujeres asesinadas, también ha cambiado la forma en la que se cometen estos asesinatos. Antes de la militarización de la seguridad pública, tres de cada diez eran con armas de fuego, hoy la cifra se ha duplicado y ya son 6 de cada 10, según datos del informe Violencia de género con armas de fuego en México realizado en 2021 por Equis Justicia, Data Cívica, el Centro de Estudios Ecuménicos e Intersecta.
El uso de más armas de fuego también se refleja en las violencias contra la comunidad LGBTTTIQ+, siendo las mujeres trans las más vulneradas; el mismo informe documenta que 6 de cada 10 son asesinadas con armas de fuego y la mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales[4]. No es el objetivo principal de este artículo, pero este hallazgo es relevante para señalar los efectos negativos de la criminalización del trabajo sexual y la urgencia de la garantía de derechos para las personas trans.
A pesar de la evidencia y los pésimos resultados que ha tenido la militarización, las Fuerzas Armadas tienen cada vez más poder y están prácticamente en todo. En la “cuarta transformación” los militares se encargaron de la vacunación, lo mismo construyen un aeropuerto que un tren, vigilan hasta el transporte público e incluso espían a periodistas y personas defensoras de derechos humanos[5]. El principal argumento para ello es que las Fuerzas Armadas son necesarias para enfrentar la crisis de seguridad, pero en lugar de solucionarla, su presencia la agravó y México se convirtió en una gran fosa común. Nos hemos acostumbrado a escuchar números tan largos de muertes que tristemente ya casi nada nos sorprende. Hay más de 350 mil personas que han perdido la vida y ya superamos las 100 mil personas desaparecidas.
Las juventudes son las principales víctimas de desaparición forzada. En un compendio y análisis de datos, Data Cívica encontró que las personas de entre 20 y 44 años representan la mayoría de las desapariciones que han sido localizadas sin vida o que aún no se localizan[6]. En el caso de las mujeres, la mayoría de las desaparecidas (¡El 56%!) son niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años; y una vez más la violencia de género marca una diferencia, pues el índice de hombres desaparecidos en este rango de edad es menor.
El documental Volverte a ver, de Carolina Corral, muestra la cruda realidad en la que vivimos y que los límites entre las Fuerzas Armadas y el Estado son muy difusos. Narra cómo es buscar a una persona desaparecida a partir del caso de las fosas de Tetelcingo y Jojutla en Morelos, donde se encontraron 117 cuerpos; su descubrimiento en 2016 por colectivas de familiares comprobó la participación del Estado en la desaparición forzada, aunque las fosas se atribuyen normalmente el crimen organizado, estas fueron hechas por miembros de la Fiscalía estatal.
Un aspecto a destacar, que puede apreciarse en este documental, es que las mujeres son la mayoría de quienes realizan las búsquedas ante un Estado más que ausente, cómplice. En medio del dolor se cuidan y se acompañan, aún con escasos recursos y bajo el riesgo que implica, se vuelven expertas en antropología forense, excavación, criminología y todo lo que sea necesario para encontrar a quienes esta guerra les quitó. La carga de las mujeres como principales responsables de las tareas de cuidado se traslada hasta ahí.
La crisis de violencia es más que compleja y no se trata de “buenos” contra “malos”, como muchas veces nos lo presenta la narrativa oficial. Las personas muertas y desaparecidas no son simples “daños colaterales”, son personas a quienes se les arrebató su futuro y dejaron una familia y amistades que les extrañan. Ante la desigualdad, las personas que forman parte de los grupos del crimen organizado o de las Fuerzas Armadas, e incluso quienes transitan entre ambos, pueden tener en común la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Daniela Rea y Pablo Ferri abordan esta complejidad en su libro La Tropa, la mayoría de quienes ingresan a las Fuerzas Armadas no lo hacen por “amor a la Patria”, sino porque viven en contextos de marginación y pobreza donde esta institución es una de las escasas oportunidades que les garantiza educación, comida, empleo, vivienda y otros derechos básicos cuyo acceso no tendría que estar condicionado al uniforme militar. En el proceso de convertirse en soldados también son víctimas de violencias, su formación está orientada, sobre todo, a obedecer órdenes y cuando salen a las calles poco pueden hacer por la seguridad de otres cuando su vida también está en riesgo.
No hay una solución fácil ni una estrategia que garantice tener éxito, pero en estos 17 años se ha comprobado que la militarización ha tenido muchas más consecuencias negativas que positivas. Exijamos a esas personas que quieren nuestro voto ser congruentes con la realidad, analizar la militarización desde una perspectiva interseccional, escuchando a las víctimas, considerando todos los factores y no solo sus propios intereses. Merecemos políticas públicas en materia de seguridad que dejen de basarse en el combate y el punitivismo, necesitamos que se hagan desde una perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos. Merecemos vivir en paz.
- Daira Arana y Lana Anaya, “De la militarización al militarismo”, publicado en Nexos el 16 de noviembre de 2020. https://seguridad.nexos.com.mx/de-la-militarizacion-al-militarismo/ ↑
- Intersecta. (2023). Dinero hay para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado? Un análisis de los recursos militares desde una perspectiva feminista. https://www.intersecta.org/wp-content/uploads/2022/11/DineroHay-LanaMilitar-2-edicion.pdf ↑
- Intersecta. (2020). Las dos guerras https://www.intersecta.org/wp-content/uploads/2022/10/Intersecta-Las-dos-guerras.pdf ↑
- Equis Justicia para las Mujeres. (2021). Violencia de género con armas de fuego en México https://equis.org.mx/violencia-de-genero-con-armas-de-fuego-en-mexico/ ↑
- Red en Defensa de los Derechos Digitales, “Ejército espía, realidad innegable”, publicado en Animal Político el 14 de marzo de 2023. https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/ejercito-espia-realidad-innegable ↑
- Data Cívica (2022). Datos para encontrar a quienes nos faltan https://media.datacivica.org/pdf/Compendio_Desaparicion_Forzada.pdf ↑
