En el debate sobre el aborto suelen predominar las creencias religiosas y la moral sobre lo que se considera vida, pero cuando hablamos de aborto, tenemos que dejar claro que ese no es el tema, pues hablamos de los derechos, la autonomía de las mujeres y de un tema de salud pública.
Toda la población, sin excepciones, tiene derecho a la salud pública y es obligación del Estado garantizar ese derecho. El aborto forma parte de los Derechos Sexuales, que reconocen el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, así como sobre nuestra vida reproductiva. Además, tenemos derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad y derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.
El aborto es un tema de salud pública porque el Estado, al no reconocer ni garantizar estos derechos, propicia que las mujeres aborten de forma clandestina, en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. De acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna (OMM), el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna en México. Además, hay niñas y adolescentes que, ignorando su autonomía y capacidad de toma de decisiones, son obligadas a continuar con un embarazo no deseado que por su edad representa un alto riesgo.
Entre 1990 y 2016 se registraron 32 mil 284 muertes maternas, de las cuales 2 mil 418 estuvieron relacionadas con abortos. 305 fallecimientos fueron de niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años, de las cuales el 70% había sido víctima de violación, según cifras del OMM. En contraste, desde que el aborto se legalizó en la Ciudad de México, de abril de 2007 a diciembre de 2018, la Secretaría de Salud local reporta que 205 mil 580 mujeres han accedido al servicio en las clínicas públicas y la tasa de mortalidad se ha reducido a cero.
Solo en 14 entidades el riesgo a la salud de la madre es una causal para el acceso al aborto. La única causal válida en todo el país es la de violación, pero a pesar de que está sustentada en las leyes y en la NOM 046 (que permite a las víctimas de violencia sexual acceder a la interrupción legal del embarazo sin tener que presentar una denuncia), aún existen obstáculos y resistencias, desde lo moral y lo religioso para hacerla válida.
Es fundamental que entendamos que el debate no es aborto sí o no, sino aborto legal o clandestino. Las mujeres abortan y seguirán abortando sea legal o no, la legalización en todo el país permitiría que puedan hacerlo de forma segura y no morir en el intento. La legislación actual y las iniciativas regresivas en los estados que “protegen la vida desde la concepción” solo aumentan las brechas de desigualdad, pues son las mujeres con menos recursos quienes al no tener otra opción arriesgan su vida en abortos clandestinos o son privadas de su libertad por ejercer su derecho.
El Estado mexicano está en deuda con las mujeres, pues no solo no ha reconocido el aborto como un derecho, sino que lo ha criminalizado. En los códigos penales de las 32 entidades el aborto es un delito (en la Ciudad de México, la única entidad donde es legal, también es un delito si se hace después de la semana 12 de gestación).
No existen datos certeros sobre cuántas mujeres están en prisión por abortar, pues además de que el Estado no se ha preocupado por sistematizar estos casos, no todas son encarceladas bajo el delito de aborto, hay a quienes se les acusa por infanticidio u homicidio en grado de parentesco y eso hace aún más difícil que se tenga información clara y estrategias en política pública que atiendan este panorama violento e impune contra las mujeres. El Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que de 2015 a 2018 se iniciaron 2 mil 135 averiguaciones y carpetas de investigación por abortos, en promedio 500 casos por año.
Criminalizar el aborto atenta contra la salud y la vida de las mujeres. Continuar o interrumpir un embarazo es una decisión que corresponde únicamente a las mujeres y debe ejercerse de forma libre y autónoma. Exigimos que el aborto deje de ser un delito y se reconozca como un derecho para que el Estado asuma su responsabilidad e implemente todas las políticas públicas necesarias para garantizarlo, como clínicas con atención médica gratuita y especializada, libre de estigmas y discriminación, medicamentos, etcétera.
Nuestros derechos no están a discusión ni sujetos a consulta. Nuestras legisladoras y legisladores deben respetar que México es un Estado laico y las creencias personales, la moral y la religión no caben en la política interna, ni externa del país. Iglesia y Estado van por separado. Su obligación como representantes de la sociedad es legislar para todas y todos, en favor de la progresividad de los derechos humanos.
